Siete ayuntamientos llevan a la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa municipal contra la privatización del Canal

Gracias a que siete ayuntamientos de la región que suman cerca de 400.000 electores han aprobado en sus respectivos plenos una moción para pedir la derogación de los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas por los que se privatiza el Canal de Isabel II (CYII), el próximo lunes se llevará a la Asamblea de Madrid la iniciativa legislativa municipal que ayer se presentó en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Es la Plataforma contra la privatización del Canal -ATTAC, Comité de Empresa del Canal de Isabel II, CCOO Madrid, Ecologistas en Acción, Equo, Federación Regional de Asociacione Vecinales de Madrid (FRAVM), Izquierda Anticapitalista, IU Comunidad de Madrid, Iniciativa Servicios 100% Públicos, Parque Sí en Chamberí- la que ha impulsado esta acción, reuniéndose con alcaldes, concejales y representantes de partidos políticos (PSOE, Izquierda Unida y UPyD) con presencia en en los ayuntamientos madrileños.

La iniciativa legislativa municipal es un instrumento de participación municipal recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid por el que los ayuntamientos pueden plantear modificaciones legales que se deben debatir y votar en la Asamblea de Madrid. Para que una iniciativa pueda llevarse a cabo deben plantearla al menos tres ayuntamientos con un mínimo de 50.000 electores entre los tres. Los siete consistorios entregarán la petición a la mesa de la Asamblea de Madrid, el órgano competente para tramitar la iniciativa y decidir la fecha en que se realizará el pleno extraordinario en el que se debatirá y votará.

En general, la iniciativa se ha aprobado en municipios gobernados por IU o PSOE (como San Fernando de Henares, Rivas Vaciamadrid o Fuenlabrada) aunque también en ayuntamientos donde gobierna el PP en minoría: Coslada, Leganés, Getafe o Colmenarejo, donde a los votos de PSOE e IU se han sumado otras candidaturas. En el caso de Coslada, UPyD y ARCO.

Desde la Plataforma consideran que la constitución de una sociedad anónima con el 49% del capital del Canal en manos privadas se traduciría en el empeoramiento del servicio, el incremento de las tarifas, la pérdida de control del servicio por parte de la administración competente y en un trasvase de los actuales beneficios al sector privado, como ya ha ocurrido en París, Berlín, Roma o Buenos Aires. Y que el periodo de vigencia de 50 años adoptado para la sociedad anónima dificultará, además, la posibilidad de revertir el proceso de privatización, aunque los resultados sean negativos.

El Canal ofrece, a cambio de la cesión de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento, una participación en el accionariado de la nueva sociedad anónima hasta un máximo del 19% de su capital social en función de la población del municipio. Estos podrán, a su vez, vender al sector privado hasta el 70% de su participación. Pero la Plataforma señala que la Comunidad de Madrid sigue sin clarificar si la venta de acciones por parte de los ayuntamientos puede afectar a la parte que, por ley, debería seguir siendo pública, el 51%. De no ser así, se permitiría privatizar hasta el 62% de la sociedad, cediendo su control a empresas privadas.

Para la Plataforma, no hay razones objetivas que justifiquen la privatización. Denuncián también la opacidad que ha caracterizado el proceso porque asegurian que aún hoy y, a pesar de las peticiones de información trasladadas por los grupos parlamentarios a la Asamblea de Madrid y por los representantes de los trabajadores al Consejo de Administración del CYII, se desconoce el modelo de sociedad que se va a adoptar, su valor patrimonial, su capital social, sus competencias, el porcentaje real del accionariado privado y el sistema de relación con los ayuntamientos y usuarios.

La necesidad de financiar cuantiosas inversiones evaluadas por el gerente del Canal en unos 1.700 millones de euros a lo largo de los próximos seis (argumento esgrimido por la Comunidad de Madrid para la privatización) años puede hacerse, a juicio de la Plataforma, a través de los presupuestos ordinarios de inversión (350-450 millones de euros al año), con cargo a los propios beneficios del CYII, que oscilan entre 100 y 150 millones de euros anuales. O a la financiación estatal derivada del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración (2007-2015). En última instancia, recurriendo a financiación externa.

Por último, a juicio de la Plataforma, las exigencias que plantean los convenios que ofrece el Canal perjudican en muchos casos los intereses municipales y su articulado contiene algunas disposiciones de dudosa legalidad: La Comunidad exige a los ayuntamientos que gestionan los servicios de alcantarillado que los cedan a la nueva sociedad a cambio de un pago único de 60 euros por habitante a pagar en 2012. En muchos casos, esta cuantía no compensa las partidas que reciben actualmente del Canal los ayuntamientos por la utilización de sus redes municipales y perderán dinero.

Julio Setién, como alcalde de San Fernando de Henares, manifestaba ayer lo siguiente en la sede de la FRAVM: "Pensamos que no se debe privatizar el CYII. Es una empresa enormemente importante, que además gestiona el recurso más importante de la región, como es el agua. La privatización significaría hipotecar el futuro de la gestión de este recurso tan importante durante cincuenta años. No está justificado el hacer caja por parte de la Comunidad de Madrid, promoviendo esta privatización. Por eso lo que queremos es que se debata de nuevo en la Asamblea de Madrid. Hay tiempo para hacerlo (…)".

Según la situación actual, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 31 de diciembre para decidir si avalan el nuevo modelo de gestión.