Blanco defiende la gestión del Ejecutivo local

Frente a la medida tomada por el grupo municipal socialista de San Fernando de Henares y el recurso de reposición interpuesto para anular acuerdos y modificaciones en la enajenación de las parcelas de la UG-5, el concejal de Vivienda, Javier Blanco, defendió la gestión del Ejecutivo, si bien apuntó que los servicios jurídicos van a analizar y estudiar si tiene algún fundamento. "La primera impresión es que no, pero vamos a ir viéndolo al margen de que hablaremos con el PSOE, porque nos ha sorprendido un poco que entren en esta dinámica de recursos legales. Tenemos la experiencia de cómo ha funcionado el Partido Popular a esos niveles, una oposición muy de generar alarma, de plantear los temas a nivel legal. En este caso, con el PSOE vamos a intentar convencerles de que lo que se ha hecho es perfectamente legal y responderemos al recurso cuando tengamos los estudios hechos".

Según el edil de Vivienda y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, la ley establece que la venta de las parcelas requiere la aprobación del pleno municipal, y eso es lo que se hizo el 17 de diciembre de 2010, pero no la subrogación a los nuevos contratos de las cooperativas y mercantiles constructoras adaptados a los nuevos condicionantes de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, Blanco argumentó que la Comunidad de Madrid "fastidió la operación a toda la ciudadanía de San Fernando poniendo una serie de condiciones". En consecuencia, aclaró, "lo que hacemos es adaptar esa venta a las condiciones de la Comunidad" y "las empresas dispuestas a adquirir el suelo y desarrollar esas promociones de viviendas con los nuevos condicionantes, se subrogaron al contrato de quienes no podían o no han podido después cumplirlos (...) Lo que hacemos es adaptar los contratos y, al ser una subrogación y no una nueva venta, consideramos que no tienen que pasar por pleno". Sobre los nuevos condicionantes, el concejal de Vivienda destacó que la pérdida fundamental que conllevaban era la pérdida de la opción a adquirir una vivienda pública en alquiler con opción a compra. 

El concejal calificó las discrepancias como un aspecto "meramente formal" y tranquilizó a los adjudicatarios apuntando que este asunto no afectará en ningún caso a la venta de viviendas "que transcurre con normalidad" y que situó "por encima del 50% " hasta la fecha. "Sea cual sea la solución final, la operación sigue para adelante, no afecta para nada y la gente tiene que estar absolutamente tranquila".

No hay novedades sobre el traslado de la torre de alta tensión

Para que las empresas adjuticatarias puedan empezar las obras es necesario que se retire la torre de alta tensión que hay en las inmediaciones de las parcelas, especialmente cerca de la parcela 3. El grupo municipal socialista también manifestó publicamente su preocupación porque no se realice la próxima primavera y, en consecuencia, retrase toda la operación, con la afectación económica que supondría.

En este sentido, Blanco declaró que el equipo de Gobierno está trabajando y está en tiempo para cumplir los plazos, de forma que en primavera se entierren y trasladen las líneas de alta tensión. "Ahí contamos con que la intervención del Partido Popular y de la Comunidad de Madrid nos supuso un retraso de cuatro meses sobre el periodo previsto, la Comunidad tardó mucho en contestar después de que el pleno aprobara el proyecto en diciembre del año pasado. Ese es un retraso que estamos intentando recuperar con un trabajo cotidiano. No podemos generar alarma ni dudas porque no hay ningún dato que permita decir que no se va a llegar. Es verdad que no está en manos del Ayuntamiento. La compañía eléctrica es la que tiene que poner en marcha el procedimiento. Los papeles administrativos del Ayuntamiento están todos en marcha y prácticamente terminados. Por eso creemos que llegamos".