15 días de moratoria para no perder la casa

Pasadas las once de la mañana, varias dotaciones de Policía Nacional llegaron ayer al exterior del edificio donde está el domicilio de Susana García Pascual, en el número 66 de la calle Somorrostro. Una treintena de agentes anti disturbios se repartieron por la zona mientras varias decenas de personas hacían una cadena humana delante del portal para obstruir el acceso. Junto a la policía, dos representantes de la comisión judicial de desahucios de Coslada eran las encargadas de llevar a término una orden que a la inquilina se le comunicó el pasado julio. Aparecieron acompañadas de cerrajeros.

El abogado y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Chema Ruiz, e Isabel Torres, de Stop Desahucios, se personaron ante las mujeres de la comisión judicial para exponerles el caso de Susana, en el que el principal argumento es la voluntad de llegar a un acuerdo de pago por parte de la misma. Les mostraron el documento que el pasado viernes a ultimísima hora su abogada de oficio envió al gerente del Ivima informándole del ingreso de 500 euros como prueba de esa voluntad. Asimismo, aludieron a la mediación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares a través de la Concejalía de Bienestar Social.

Mientras, vecinos y vecinas de la Asamblea Popular de San Fernando y de asambleas de municipios cercanos como Coslada coreaban gritos pidiendo justicia social, increpando al sistema, lanzando mensajes a la policía como "vosotros también sois obreros" y al equipo de Gobierno municipal ("¿dónde está la concejala de Bienestar Social?", "¿dónde está el alcalde de Izquierda Unida?" o "¿dónde está la tele del Ayuntamiento que hace esos vídeos tan bonitos?").

Transcurrió casi una hora sin que por allí apareciera nadie más. Las representantes de la comisión judicial solicitaron información adicional sobre el caso y trasladaron a los interlocutores de los movimientos sociales que solo podían mediar con la administración municipal, a falta de la presencia de cualquier representante del Ivima o la abogada de la afectada. A la vez, reconocieron que nadie se había puesto en contacto con los juzgados de Coslada, en alusión a la defensora de turno de Susana.

A mediodía, la noticia tranquilizadora. Se concedía una moratoria de dos semanas para efectuar la orden de desahucio, una vez recibido desde el gabinete de Alcaldía de San Fernando un compromiso para seguir mediando y lograr que el gerente del Ivima acepte una reunión con Susana y negocie un nuevo compromiso de pago, desde la liquidacion del 50% íntegro de la deuda acumulada. "Si no es así, tenemos también el compromiso por parte del Ayuntamiento de que ellos están en disposición de realojarla una temporada, pero yo espero que se pueda llegar a un acuerdo con el Ivima porque, aparte de la negociación, vamos a preparar acciones, y si tenemos que encerrarnos, nos encerramos", declaró Chema Ruiz a este medio.

La afectada, que necesitó la atención del SUMMA 112, bajó a la calle para que le trasladaran la noticia en persona desde la comisión judicial. La tensión de una fría jornada -las decenas de personas que se dieron cita para frenar el desahucio llevaban allí desde las ocho de la mañana- se disolvió con aplausos, un abrazo colectivo y la satisfacción, entre termos de café, de haber cumplido un propósito, al menos por ahora. Aunque esta historia no termina aquí ni este es el primer desahucio previsto en San Fernando de Henares, donde los efectos de la crisis económica en relación con la pérdida de viviendas por impago se están empezando a sufrir.

Desalojos en viviendas sociales

"Curiosamente, el Ivima, que debería darle cobertura a estos casos de emergencia social, pone todas las trabas posibles (...) No tiene ninguna lógica y queremos hacer visible el problema y reivindicar que la vivienda es un derecho fundamental", comentaba Chema Ruiz a primera hora de la mañana. El portavoz de la PAH estuvo certero en su predicción de cómo se sucederían los acontecimientos y la concesión de la moratoria. No obstante, manifestó que el Ivima, en lugar de "incoar expedientes de desalojo a la voz de ya cuando se da un primer impago, lo que debería hacer es sentarse con las familias y renegociar formas, pues son familias, hombres y mujeres, que en la mayoría de los casos están rozando la exclusión social".

Precisamente, uno de los reclamos de la PAH es que se cree un parque público de viviendas sociales. "Porque el INE tiene censadas más de 3 millones de viviendas vacías -explica Ruiz-, y que se destinen a alquiler social universal que en ningún caso supere un tercio de los ingresos de la persona o la familia en cada momento, porque ahora la situación es que hoy tienes trabajo y dentro de 15 días te has vuelto a quedar sin él. Eso tiene que ir muy controlado".

Isabel Torres también colabora con la Plataforma de Afectados por el Ivima: "El Ivima está haciendo burradas. (...) Ella en ningún momento se ha negado a pagar y ahora tiene la mitad de la deuda. (...) Estamos en un país en el que socialmente hay personas con pocos ingresos, la gente no se mentaliza, hay muy pocos ingresos en este país. La estadística real que todo el mundo quiere tapar es que hay siete millones de parados y van a seguir subiendo. (...) Son circunstancias de la vida y hoy le pasa a Susana y mañana a otra persona. Si ella tiene ahora la mitad de la deuda, ¿por qué no llegan a un acuerdo y el resto que lo pague fraccionalmente? Eso se está haciendo hasta en bancos".