Los entresijos de la privatización de la joya de la corona

La Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II (CYII) analizó ayer en el centro Marcelino Camacho de San Fernando de Henares el proceso de cambio de titularidad del Canal dentro de los actos paralelos a la exposición de 40 años de acción vecinal. Gracia Lloret, miembro de Comisiones Obreras y del Comité de Empresa del CyII, y Chato Galante, de Ecologistas en Acción, fueron los ponentes en una sala poco concurrida, quizás por la coincidencia en el centro Gabriel Celaya de un acto del PCE.

Lloret y Galante criticaron la privatización de la empresa pública, que se inició en septiembre de 2008 de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y denunciaron que la venta a una empresa privada será la causa de un agua más cara y de peor calidad para los ciudadanos. Galante aseguró que el Gobierno regional carece de argumentos para la privatización, aparte del económico: “A nuestra presidenta le pone privatizar todo, y el Canal es la joya de la corona con más de 800 millones de euros de patrimonio solo en terrenos”. Además subrayó que la eficacia del Canal y su volumen de beneficios -60 millones de euros en 2010- no admiten su privatización, algo que supondría, según Galante, la pérdida de la reutilización de esos beneficios para mejorar las condiciones de vida de los madrileños.

Galante argumentó que “el agua no puede ser un bien económico" porque "si el Canal se convierte en un negocio, el agua será más cara, se perderá el interés por el ciclo natural del agua y por su ahorro racional. Esto requiere gastos y una empresa privada no lo va a hacer”. En la misma línea, Gracia Lloret puso un ejemplo sobre la privatización del Canal: el precio del agua. “Con el Canal de Isabel II el metro cúbico de agua cuesta 4 euros, mientras que con una empresa privada supera los 1.000”.

Lloret pidió una reacción por parte de los madrileños para evitar la privatización, defender lo público y sus intereses laborales: “Nos están robando lo que es nuestro, lo público es nuestro porque lo pagamos con los impuestos, por eso no es un problema exclusivamente nuestro, sino de toda la sociedad. No nos podemos quedar parados, los ciudadanos tenemos que salir a la calle”.

La sindicalista expuso las acciones llevadas a cabo por la plataforma, como la entrega de 35.000 firmas en la Asamblea de Madrid y los más de cien actos con asociaciones de vecinos. También denunció la falta de presencia de las acciones de la Plataforma en los medios: “Es como una especie de orden, no somos capaces de que haya publicaciones sobre las manifestaciones de los trabajadores o quejas de los ciudadanos sobre este tema”. No obstante, tuvo un hueco en su discurso para el optimismo: “No está todo perdido, hay posibilidades si todos sabemos que los servicios sociales son públicos”.