El edil de Obras conoce su imputación a través de algunos medios

Según publicaban ayer distintos medios de comunicación, como La Razón, ABC o la agencia Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coslada había citado a declarar al concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Alberto López (IU), por un delito de prevaricación presuntamente cometido en 2009 en la adjudicación de la redacción del proyecto de remodelación de las avenidas de Algorta y Vicente Aleixandre, ambas en el barrio de Parque Henares. Sin embargo, desde el Ayuntamiento sanfernandino ayer aseguraban no haber recibido la citación, pero afirmaban la transparencia y legalidad de su actuación.

Europa Press alegaba haber tenido acceso al auto, fechado el 7 de octubre de 2010, en el que se cita a López en el Juzgado número 2 de Coslada a las 11 horas del 13 de diciembre para que preste declaración en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación dentro del proceso de diligencias previas abierto.

De acuerdo con la información de agencia, los hechos se remontan a 2009, cuando se llevaron ante la Fiscalía las supuestas irregularidades en la adjudicación a la empresa Interra Ingeniería del Territorio de la redacción del proyecto de reforma de las citadas avenidas, incluida dentro de las obras del Plan E. En esta denuncia consta que la adjudicación se hizo el 30 de enero de 2009 por decreto, "de manera fraccionada en dos supuestas fases de elaboración" que, según se precisa, no aparecen "ni en el proyecto, ni en la adjudicación de la obra que se adjudica a una sola empresa para ejecutar un único trabajo", por lo que se podría "estar vulnerando la Ley de contratos de Administraciones públicas".

En la denuncia también se alerta de que Interra se inscribió en el Registro Mercantil tres días antes de serle adjudicada la redacción del proyecto, cumpliendo así el requisito del concurso que establecía este punto como condición "indispensable". Además, el/los denunciante/s muestran sus sospechas sobre el hecho de que la compañía, un mes antes de ser la adjudicataria, se dirigiera a diferentes suministradores de servicios pidiéndoles información al respecto de sus redes, así como proyectos futuros para esta zona, y sobre el encargo de un estudio topográfico del espacio sobre el que había que actuar.

Además, los denunciantes han buscado la conexión entre Interra y otras dos empresas que aparecían en el decreto de adjudicación: Urbinges Ambiental, S.L. (empresa que ya había trabajado anteriormente con el Ayuntamiento) y Ocesa Proyectos y Construcciones, S.L. (adjudicataria de otros proyectos del Plan E en 2009). Así, ponen de manifiesto que la administradora de Interra, Mónica Rodríguez Castañeda, fue, junto con Roberto Cerón, administradora de Urbinges Ambiental S.L. en 2002. En ese año, Alberto Cerón (hermano de Roberto), que era administrador de Ocesa Proyectos y Construcciones, se convirtió en administrador solidario de Urbinges Ambiental.

En la denuncia se recalca que las sociedades Ocesa Proyectos y Construcciones, S.L. y Urbinges Ambiental, S.L. comparten el mismo domicilio social. Junto a ello señalan que en los decretos de adjudicación se solicitan ofertas a las sociedades Urbinges Ambiental, S.L. y Ocesa Proyectos y Construcciones, S.L. "Pese a tratarse de un contrato menor cuyo importe máximo es de 18.000 euros, las ofertas de estas sociedades son de importe mayor a 18.000 euros, mientras que la adjudicataria es de 18.000 euros", indican.

Tras tener conocimiento de estos hechos, la Fiscalía de Medio Ambiente elaboró el pasado mes de julio un escrito, al que se refiere Europa Press, en el que daba por concluidas las diligencias de investigación abiertas en agosto de 2009 y las remitía, junto con su denuncia contra López, al Juzgado de Coslada para iniciar el procedimiento abreviado nº 1766/2010.

Asombro y defensa del concejal desde el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando reaccionaron con sorpresa y aseguraban que el Consistorio desconocía hasta ayer citación alguna al respecto desde el juzgado de Coslada; tampoco el concejal Alberto López a título particular. Sí admitían que el juzgado les confirmó a mediodía que citará al edil en los próximos días para que acuda a declarar, debido a unas diligencias previas abiertas desde el juzgado, si bien ignoran la denuncia, al autor o autores, el auto judicial, etc. Por esa falta de información rechazaban valorar nada al respecto.

Aún así, haciendo alusión a las informaciones aparecidas en algunos medios, desde el Consistorio quisieron manifestar que "en la adjudicación de los proyectos de redacción de las obras del plan E correspondientes a 2009 se actuó con más publicidad que la necesaria e incluso de la que se requería (en aras de darle mayor transparencia a todo el proceso) teniendo en cuenta además, que para cada uno de los diez proyectos a redactar que se adjudicaron a finales de marzo de 2009 por el Ayuntamiento de San Fernando, se solicitaron tres ofertas en cada caso (a pesar de que la ley permitía hacerlo directamente sin pedir ofertas, al tratarse de contratos menores). De hecho, después de las adjudicaciones, de los 10 proyectos de redacción de obras finalmente fueron ocho ingenierías distintas las que redactaron los mismos, repitiendo sólo en dos casos".

Sobre la adjudicación de las obras del Fondo Estatal, fuentes municipales señalaron que "fueron finalmente cerca de 60 empresas las que se presentaron a esos concursos (no respecto a la redacción de los proyectos)". Y, en concreto respecto a la obra de Algorta y Vicente Aleixandre, "se redactaron dos proyectos porque se trataba de dos actuaciones diferenciadas: dos avenidas con características diferentes, una con aparcamientos en línea y otra con aparcamientos en batería, con viviendas en altura o con viviendas unifamiliares; una con árboles de alineación en laterales y otra no; una con actuaciones en la red de colectores y otra no, etc. De hecho, las quejas iniciales de vecinos a los que se les presentó el proyecto provocó la modificación de uno de los proyectos redactados, pero se pudo continuar con el otro".

Desde el Ayuntamiento de San Fernando aseguran que todas las ingenierías que optaron a los proyectos estaban constituidas con anterioridad a la fecha de publicación de la orden del Gobierno central respecto al Plan E y eran completamente legales.