La Comunidad achaca a la "falta de voluntad" el problema de las inundaciones

Vecinos y políticos de los dos municipios han pedido la intevención del Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid ha rechazado las acusaciones que se han lanzado desde los ayuntamientos de San Fernando y Coslada por la controversia creada tras la intervención sobre el tema de las inundaciones de Francisco Granados en la Asamblea de Madrid y la incomparecencia de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en la Mesa de Inundaciones celebrada la pasada semana.

Ante las críticas de ambos alcaldes, desde la Consejería de Presidencia replican que “Coslada y San Fernando no cumplen con las competencias municipales para evitar posibles inundaciones y no tienen voluntad de solucionarlo. Ambos ayuntamientos se niegan reiteradamente a invertir los 5 millones de euros que implica la obra que evitaría nuevas inundaciones”.

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha barajado algunas cifras de la inversión estatal y autonómica en San Fernando y Coslada para sostener que las ayudas no se utilizan en las obras para enterrar el problema de las inundaciones: “San Fernando de Henares recibió 7 millones de euros del primer Plan E y 5 millones de euros del segundo Plan E. Un total de 12 millones de euros (…) y nada para colectores. Del mismo modo, tampoco ha solicitado  ningún euro para colectores al Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid, por el que San Fernando de Henares ha contado con más de 14 millones de euros de inversión total para las dos últimas ediciones”.

Por lo que respecta a Coslada, desde la Comunidad se asegura que “de los 15,3 millones de euros solicitados al primer Plan E ha destinado 1 millón de euros para colectores, y nada de los 10 millones de euros solicitados al segundo Plan E (…) En cuanto al Plan PRISMA, el municipio de Coslada ha recibido un inversión total de unos 15 millones de euros para los dos Planes PRISMA de los que tampoco ha solicitado ningún colector”.

Además, la Comunidad de Madrid manifestó su “leal colaboración” con los ayuntamientos y destacó la dotación de electrobombas para ayudar a resolver el problema de las inundaciones, pero recalcó que “la responsabilidad y la competencia de construir colectores que encaucen el agua de las lluvias para controlar inundaciones y las redes de saneamiento y pluviales es estrictamente municipal”.

Desde los consistorios vecinos lo que se reclama del Ejecutivo regional es la solución a las aguas procedentes de la M-45 y una respuesta a la necesidad de construcción de un colector de margen que, en ambos casos, entienden como competencias supramunicipales.